El Congreso buscará proteger a las Estaciones de Servicio del flagelo de los motochorros

Los delitos que involucran motovehículos son uno de los flagelos que más preocupan al sector expendedor, ya que los establecimientos del rubro suelen ser un blanco fácil para quienes buscan de manera ilícita hacerse de dinero en efectivo y poder escapar fácilmente.

En el Congreso Nacional están tomando este problema que de acuerdo a cifras oficiales, tanto en los centros urbanos más importantes como también en rutas nacionales, aumentó cerca del 25 por ciento.

En este sentido, la iniciativa, presentada por la diputada nacional Patricia Vázquez, del espacio liderado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, busca modificar el Código Penal para terminar con este delito que afecta tanto a las expendedoras de combustibles como a otros sectores.

La propuesta modifica el artículo 166 del Código Penal, incorporando penas de prisión de 5 a 15 años para los robos cometidos mediante el uso de motovehículos. Este cambio busca responder al aumento de hechos delictivos.

Además, se propone un nuevo capítulo dentro del Título VI del Código Penal para contemplar específicamente el robo de vehículos automotores y motovehículos, incluyendo agravantes como el uso de armas o la falsificación de documentos.

En diálogo con localhost/surtidores, la legisladora destacó que esta medida es parte de un plan integral de seguridad ciudadana orientado a proteger a toda la sociedad. “Entendemos que las Estaciones de Servicio están particularmente expuestas, pero este proyecto beneficia a la ciudadanía en general, siempre y cuando se aplique correctamente”, señaló.

Vázquez subrayó la importancia de abordar la seguridad como un derecho humano fundamental, tal como lo expresa un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La seguridad ciudadana es una dimensión del desarrollo humano. Cuando el Estado no garantiza protección frente al crimen y la violencia, se rompe la confianza básica entre gobernantes y gobernados“, explicó.

El proyecto también contempla modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito, exigiendo a los conductores acreditar la titularidad de buena fe del motovehículo, con penas más severas para quienes circulen con vehículos robados.

“Las penas actuales no disuaden a los delincuentes“, sostuvo Vázquez, remarcando la urgencia de esta reforma legislativa. La diputada destacó que esta iniciativa no solo busca castigar el delito, sino prevenirlo, equilibrando la balanza entre la protección de los derechos de las víctimas y el resguardo del bien público.