El Congreso busca implementar medidas de alivio fiscal para el sector expendedor

“Reconocemos el esfuerzo que la Administración Federal de Ingresos Públicos hizo para extender las ejecuciones impositivas hasta fin de julio, pero entendemos que hay casos muy complicados entre los que se encuentran las Estaciones de Servicio del AMBA, quienes están perjudicadas por la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 17 de julio”, dijo a localhost/surtidores, el diputado misionero Luis Pastori.

El Presidente de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias, explicó que junto con los demás integrantes del Bloque de Juntos por el Cambio, elevaron la iniciativa para que se tenga en cuenta que la suspensión de ejecuciones por parte de los organismos recaudadores será una ayuda para aquellos comercios que tienen que asumir el pago de otras obligaciones como los sueldos de sus empleados y deudas preexistentes.

Específicamente, el proyecto de Pastori pide al Poder Ejecutivo que suspenda hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta noventa (90) días posteriores al cese del estado de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en virtud de la pandemia causada por el COVID-19, de ambas fechas la que ocurra por último, el inicio de los juicios de ejecución fiscal a efectos del cobro judicial de los tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la AFIP.

El legislador expresó que esta iniciativa beneficia a muchas Pymes y por supuesto a las Estaciones de Servicio, con quienes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en fecha 4 de junio pasado y a través de la RG (AFIP) 4730 postergara el inicio de las ejecuciones fiscales hasta el 30 de junio de 2020.

Sin embargo, admitió que ante la continuidad del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, dicha fecha resulta a todas luces insuficiente, ya que los contribuyentes no habrán recuperado capacidad de pago y de cumplimiento de sus obligaciones tributarias vencidas y vigentes, teniendo en cuenta además que el ASPO se ha extendido hasta el 17 de julio próximo.

“Proponemos fijar, a través de una ley, una fecha razonable estimada para el 31 de diciembre de 2020 a efectos que no se inicien las ejecuciones fiscales, con lo cual se brindará certeza y seguridad jurídica para el contribuyente”, informó Pastori.

Finalmente indicó que se trata de un proyecto justo y equitativo porque del mismo modo, y preservando el crédito en favor del fisco, suspende por el mismo lapso de tiempo la prescripción de las acciones y poderes para determinar impuestos y exigir su pago, así como para aplicar y hacer efectivas las sanciones de multas y clausuras.

En otro orden de cosas, consultado por surtidores, sobre la situación tributaria de los combustibles y la carga fiscal que soportan las expendedoras en la Argentina, Pastori, adelantó que está trabajando desde la Comisión que preside en nuevos proyectos que habían sido presentados por los diputados de la anterior gestión, relativos a los gravámenes a los hidrocarburos que serán dados a conocer en los próximos días.