Crece la expectativa para modificar las condiciones que imponen las tarjetas de crédito a las Estaciones de Servicio

Faltan pocos días para que se efectivice la exposición de la dirigencia expendedora en la Cámara de Diputados relacionada a las dificultades financieras que tiene el sector para seguir aceptando tarjetas de crédito en el despacho de combustible.

En ese marco, se suman las opiniones de los legisladores que serán protagonistas en el hipotético tratamiento de una nueva normativa que rebaje las comisiones y plazos de acreditación de las ventas de nafta con tarjeta.

Al respecto, la vicepresidenta de la Comisión de Comercio, la diputada Germana Figueroa Casas, destacó en diálogo con localhost/surtidores que “entendemos la problemática porque las Estaciones de Servicio tienen que asumir los costos derivados del hecho de que los precios del producto que venden lo fijan las petroleras y el gobierno sin participarlas”.

Consideró que esto es “una situación muy particular que las diferencia de otros comercios minoristas, porque se potencia el desbalance, ya que los empresarios pierden la posibilidad de trasladar a los gastos fijos del negocio, los incrementos de todos los demás segmentos de la economía por la inflación”.

La representante de Juntos por el Cambio por Santa Fe, recordó que ya fueron informados por los estacioneros del fallo que planteó la posición dominante y recalcó que acordaron elaborar un informe para analizar el tema, a la espera de la reunión que tengan con los directivos de las entidades del sector.

Figueroa Casas reconoció además que aún faltan puntos de análisis para emitir una opinión desde el ámbito legislativo, pero se mostró interesada en avanzar lo más prontamente posible con este debate.

Vale recordar que las autoridades de CECHA, tuvieron un encuentro días atrás con la presidenta de la Comisión Gabriela Lena, quien se comprometió a elaborar un informe de situación y a impulsar el tratamiento del tema.

Básicamente el objetivo de los dirigentes empresarios pasa por lograr la modificación de la ley 25.065, que permita establecer definitivamente como tope el 0,5 por ciento del arancel para las operaciones de pago con tarjetas de crédito, cualquiera sea el banco o la entidad emisora, y que la acreditación se reduzca a 48/72 horas.