La Justicia suspendió la esencialidad de la venta de combustibles

La Justicia del Trabajo resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT que suspende la aplicación de las normas laborales incluidas en el DNU del presidente Javier Milei. Se trata del primer freno que imponen los Tribunales a los alcances del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.

La decisión fue firmada por mayoría por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que resolvió detener los tramos que aluden a las modificaciones laborales. En disidencia, la tercera jueza Dora González decía que el caso había que pasarlo a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente. No obstante, se descuenta que el Gobierno apelará la resolución ante la Corte Suprema.

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El Decreto 70/23, que sienta las bases para la “Reconstrucción de la Economía Argentina”, establece que la comercialización de combustibles será un “servicio esencial” y en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 por ciento de la prestación normal del servicio.

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Entre los artículos que invalida la cautelar, se destaca la esencialidad de la venta de combustibles. “En ningún caso podrá se negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento de la prestación normal del servicio de que se tratare”, establecía el DNU.

Asimismo, anula la prohibición de que los representantes sindicales, delegados, comisiones internas u organismos similares, convoquen a asambleas dentro de la empresa sin perjudicar las actividades normales o afectar a terceros.

Al respecto, el abogado Francisco Turzi, sostuvo en diálogo con localhost/surtidores, que “es una medida provisoria hasta que se resuelva la cuestión principal. Por ende, deja sin efecto intotum, en todas las cuestiones laborales vinculadas al DNU”.

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Según los especialistas del sector expendedor, la medida aún no cuenta con las garantías constitucionales que avalan posibles nuevas decisiones.

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“Todas las disposiciones que se desprenden del título 4º del decreto de urgencia quedan suspendidas. O sea, no surten efectos jurídicos hasta tanto sea una sentencia definitiva, por lo que las determinaciones vinculadas, como ser respetar el setenta y cinco por ciento de la prestación normal del servicio, están suspendidas”, puntualizó el letrado.

Turzi finalizó explicando que la medida abrirá el debate con respecto a su alcance en virtud de la legitimidad de la CGT. “El planteo a dilucidar es si la medida alcanza a los sindicatos de primer y segundo grado adheridos y a los trabajadores por ellos representados únicamente y si sigue vigente respecto de los empleados fuera de convenio”, subrayó.